Una indemninzación de $5 millones, más los gastos de servicios legales, suma que asciende a $800.000 es lo que deberá pagar el municipio de Conchalí a un funcionario que recientemente fue respaldado por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo en una batalla legal por acoso laboral con el municipio liderado por René De La Vega.
En marzo del 2022, el funcionario municipal Francisco Delpin presentó una demanda por vulneración de derechos fundamentales en contra del municipio, señalando que desde agosto de 2019 ha sido víctima de hostigamiento constante por parte de funcionarios -algunos con cargos de jefatura- cercanos y de la confianza del alcalde.
Según la demanda, el funcionario en cuestión -que se desempeña en la entidad desde 2017-, ha sido trasladado de departamento sin aviso previo y sin que existieran quejas formales por su desempeño. También, que ha sido maltratado verbal y psicológicamente por diversas jefaturas e integrantes de la municipalidad.
En el texto, agrega que incluso ha sido aislado de otros equipos y que le ordenaron trabajar detrás de una mampara para que no lo viese nadie.
El documento constata que los últimos tres años han sido especialmente marcados por maltrato y hostigamiento hacia su dignidad como trabajador y persona. Tras varios meses, finalmente la justicia de primera instancia se pronunció y terminó respaldando al funcionario municipal.
En la sentencia, la justicia señaló que lo denunciado por el demandante se encuentra acreditado con más de 30 medios de prueba, especialmente lo que dice relación con la afectación a la integridad física y síquica, afectando la autoestima y provocando angustia, sufrimiento, dolor y dificultades en las relaciones familiares y sociales, indicando que también se buscó ayuda en el organismo de Seguridad Laboral y posteriormente en la salud privada, donde se diagnosticaron transtornos de ansiedad, depresión, transtornos del sueño relacionados con el ambiente laboral, donde se ha requerido tratamiento psicofarmacológico y licencia médica.
Por estas razones, la justicia acogió la demanda, y ordenó al municipio cesar inmediatamente las conductas de acoso junto con una carta de disculpas públicas extendida por la jefatura directa del denunciante, donde se reconozca que se han lesionado sus derechos fundamentales y que se adoptarán todas las medidas posibles para que ello no vuelva a repetirse. Además del pago de la indeminización de $5 millones, incluyendo la condena en costas personales, en conformidad al artículo 445 del Código del Trabajo en la suma de $800.000.
Documento de sentencia completa aquí.
